Las normas relativas a la responsabilidad parental imponen a los progenitores el cumplimiento de deberes alimentarios en relación a sus hijos menores de 21 años, según lo disponen los artículos 638 al artículo 670 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, se identifican en numerosas ocasiones el incumplimiento de las prestaciones fijadas en Tribunales de Familia, por parte de uno de los progenitores, en especial de los padres. Ante ese incumplimiento son los jueces con competencia en familia los primeros llamados a buscar alternativas para su efectivo cumplimiento, paralelamente quien entienda que ese derecho no se encuentra cumplido puede realizar una denuncia penal en las Fiscalías de Instrucción por Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar (en adelante IDAF) porque el mismo configura un delito (Ley 13.944).

En este sentido, consideramos que el IDAF implica una postergación de derechos de niños/as y jóvenes y una profunda brecha en el ejercicio del poder y distribución desigual de las responsabilidades parentales. Asignando a la mujer, la responsabilidad exclusiva y excluyente del cuidado, crianza y protección de sus hijos/as. Siendo un denominador común la violencia económica que sufren las mujeres que denuncian el incumplimiento.

Por ello, nos proponemos desde el presente escrito dar cuenta de nuestro quehacer profesional en esta temática del IDAF desde el ámbito del poder judicial buscando identificar los recorridos que realizan las mujeres para demandar el cumplimiento de los deberes de asistencia familiar, y los discursos que se tejen y entretejen como fundamentos frente al incumplimiento, recuperando y revalorizando el lugar de la mujer como sujeto de derechos.