En este artículo pretendemos introducir algunas reflexiones en torno a las definiciones de las políticas públicas que han sido diseñadas para abordar la violencia contra las mujeres. Entendemos que la forma en que se plantea desde lo estatal el abordaje de la violencia contra las mujeres esta permeado por la centralidad que ocupan las políticas de seguridad y del control penal en la resolución de  los conflictos sociales. El impacto del neoliberalismo en las políticas y prácticas penales se sustentan en políticas dirigidas a la regulación del riesgo, la prevención del delito y persecución de ciertos individuos o grupo de individuos que son caracterizados social y jurídicamente como “peligrosos”.  En estas dinámicas se inicia un proceso de privatización de los riesgos en el que  cada sujeto tiene que garantizar su responsabilidad en la autorregulación y autogobierno frente al contexto de creciente precariedad social, económica y laboral. Esta noción ha orientado no solo la retórica y las dinámicas de las políticas de control social sino que se ha proyectado a las definiciones de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres.