Autora: Ercilia Irene Adén.
DNI: 33.756.242
E-mail: erciliaden@gmail.com
Institución de procedencia: Facultad de Derecho y Cs. Sociales – UNC. Grupo de investigación DEEP (Derecho, Ética y Política).
Eje temático: Estado y Democracia.
Palabras Claves: Derechos Humanos – Intervención internacional – Democracia.
Título de ponencia: Intervenciones internacionales destinadas a promover o proteger la democracia.
Resumen: 
En este trabajo se indagará acerca de la posibilidad de justificar moralmente la intervención a un estado por parte de un organismo internacional, cuando el motivo que se presente para fundamentar dicho accionar sea promover o proteger la democracia. 
El análisis se realizará a partir de la teoría de los derechos humanos propuesta por Charles R. Beitz. Primero se procederá a presentarla, y luego será aplicada a un acontecimiento concreto en donde los intereses de la Argentina se vieron involucrados.
Intervenciones internacionales destinadas a promover o proteger la democracia.
Introducción.
Tanto desde un plano convencional, como desde un plano moral, sostener la existencia de un derecho humano puede implicar la justificación e incluso exigencia de realizar una intervención para proteger o promover tal derecho. Dado que lo que se busca es determinar si una intervención por parte de la comunidad internacional destinada a promover o proteger la democracia puede justificarse moralmente, determinar si poseer instituciones democráticas es un derecho humano se presenta como un camino adecuado para analizar la temática. Aunque ambos niveles de análisis pueden coincidir –sería lo óptimo- en cuanto a la respuesta adecuada, las razones que fundamenten tal respuesta serán diferentes y es por ello que deben analizarse por separado.
La Democracia en el plano convencional de los Derechos Humanos.
Desde el ámbito de Naciones Unidas en el año 1946 se inició un proceso de codificación a cargo de la Comisión de Derechos Humanos. Dicho proceso culminó con la adopción de la Carta Internacional de Derechos Humanos que cuenta con tres instrumentos que contemplan la totalidad de Derechos Humanos, entre los cuales se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con la finalidad de conseguir el apoyo de la mayor cantidad de estados posibles, en la redacción del Pacto se evitó realizar pronunciamientos acerca de una forma de gobierno específica que pudiere resultar incompatible con la existente en algunos estados.
Sin embargo, después de la Guerra Fría, la idea de que en el ámbito de Naciones Unidas existe un derecho humano a tener un gobierno democrático cuenta con gran apoyo. De hecho, el propio Comité de Derechos Humanos creado por el art. 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, interpreta que en el mencionado pacto el derecho humano a la democracia se encuentra contemplado (Beitz, Ch. R., 2012). Dicho comité es el órgano encargado de interpretar el significado y alcance del Pacto y sus Protocolos Facultativos, como así también del control y supervisión del cumplimiento por parte de los Estado. 
Argentina forma parte de los estados que ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ello implica un compromiso a respetarlo y a adecuar el derecho interno a lo que en éste se determina. Además, implica aceptar el control por parte de la Comisión y el deber de responder a las posibles críticas que le sean realizadas por violaciones a las obligaciones contraídas a partir de su adhesión al Pacto.
Ahora bien, en el ámbito de las Naciones Unidas y dadas las actuales circunstancias, afirmar la existencia de un derecho humano a tener instituciones democráticas trae aparejadas una serie de consecuencias cuyo análisis merece especial atención. En el ámbito internacional, el órgano facultado para determinar la necesidad de realizar intervenciones humanitarias y establecer sanciones diplomáticas y económicas con la finalidad de “mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La única causal que podría invocar para hacerlo se encuentra contemplada en el art. 39 del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y consiste en la existencia de “amenazas a la paz, quebrantamientos a la paz o acto de agresión”(Organización de las Naciones Unidas, n.d.). Determinada la existencia de tal situación, es que el Consejo de Seguridad puede tomar las medidas y realizar las recomendaciones que encuentre pertinentes. 
Aunque algunos autores consideran que el uso de la fuerza puede encontrarse justificado cuando se presentan graves violaciones de derechos humanos, dicha justificación no se desprende de una interpretación literal de la actual Carta de Naciones Unidas. Una forma que comúnmente se utiliza para llegar a tal conclusión consiste en afirmar que ante violaciones de derechos humanos la paz internacional se vería siempre amenazada debido a que sus titulares, y por lo tanto afectados, son la humanidad toda.
Sobre una idea similar se cimentó el surgimiento de la teoría de la responsabilidad de proteger en el Informe del Milenio efectuado por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados. En dicho informe se estableció que la soberanía no solamente daba al Estado el derecho de “controlar” sus asuntos, sino que también confería al Estado la “responsabilidad” primaria de proteger a la población dentro de sus fronteras y se propuso que cuando un Estado no protegiera a su población, ya fuera por falta de capacidad o de voluntad, la responsabilidad incumbía a la comunidad internacional en su conjunto.(“Enseñanzas extraídas de Rwanda. Las Naciones Unidas y la prevención del genocidio. Responsabilidad de proteger.,” 2013) 
Dado que a partir de esta teoría, una intervención por parte de la comunidad internacional podría verse justificada en casos de violaciones de derechos humanos,  determinar si la democracia debe ser incluida dentro de tal catálogo de derechos no es una cuestión meramente conceptual.
Admitir la existencia de un derecho humano a tener instituciones democráticas en el ámbito de Naciones Unidas, trae aparejada una cuestión difícil de resolver. Esta organización es considerada de alcance universal o casi universal, ya que la integran la casi totalidad de los países del mundo que poseen culturas de lo más diversas. Muchos de ellos no cuentan con regímenes democráticos, y los que sí lo hacen, difieren en cuanto al modo de entenderla. Sin embargo, todos ellos han decidido formar parte de la organización confiando en que sus intereses serían contemplados y respetados. Imponer la necesidad de contar con un régimen democrático sin el consentimiento de todos los estados, podría entrar en contradicción con el tan aceptado derecho de autodeterminación de los pueblos.
La Democracia desde un plano moral de los Derechos Humanos. Teoría propuesta por Charles R. Beitz.
Desde un plano moral, suele argumentarse que la idea de una intervención con miras a proteger o promover la democracia proviene de una concepción liberal de los derechos humanos. Dicha concepción pondría en cabeza de los Estados la obligación de respetar los derechos humanos como condición para el reconocimiento de su soberanía. Sin embargo, arribar a una conclusión como esa supone un paso previo que no necesariamente conduce a tal resultado. Ello se debe a que es posible sostener una justificación liberal para admitir e incluso exigir intervenciones destinadas a proteger los derechos humanos por parte de la Comunidad Internacional, y a su vez discrepar en cuanto al paso previo de definir o determinar el contenido de los derechos humanos que justifican tal intervención.
Dentro de los autores que sostienen que las intervenciones internacionales encuentran su fundamento en el principio que establece que los estados soberanos tienen una obligación de respetar los derechos humanos se encuentra Charles R. Beitz. Este autor entiende que dada la importancia de los intereses protegidos por tales derechos, su violación –o la amenaza de violación- podría justificar una intervención por parte de otro estado u organismo con el fin de resguardarlos.(Beitz, Ch. R., 2012).
Luego de estudiar el discurso que comúnmente se utiliza para hablar de derechos humanos, Charles R. Beitz formuló una teoría que se aparta de las clásicas discusiones filosóficas entre naturalistas y contractualistas, en lo que respecta a su naturaleza y fundamentos. De modo innovador, esta teoría se ocupa de determinar la naturaleza de los derechos humanos a partir de la función que cumplen en la práctica internacional, y es por eso que el propio autor la define como una concepción práctica de ellos. 
El modelo que propone Beitz, los derechos humanos cuentan con tres elementos principales: 1) Se presentan como exigencias cuyo objeto es proteger los intereses individuales urgentes frente a ciertos peligros predecibles o amenazas comunes, a los cuales son vulnerables bajo las circunstancias típicas de la vida dentro de un orden mundial compuesto por Estados; 2) se aplican en primer lugar a las instituciones políticas de los Estados como exigencias de primer nivel y 3) son un asunto de interés o preocupación internacional. Esto significa que si un gobierno fracasa en respetarlos, ello puede actuar como una razón para la acción por parte de los agentes de segundo nivel externos al Estado (Beitz, Ch. R., 2012).
Para Beitz, el derecho de autodeterminación de los pueblos forma parte del catálogo de derechos humanos que debe ser protegido. Para justificarlo adopta la propuesta de Cohen y considera que el estándar mínimo exigible a los estados que integran la Comunidad Internacional consistiría en que 1) las decisiones políticas sean el resultado y respondan a un proceso en el que los intereses de todos se encuentren representados; 2) cualquier persona tenga derecho a disentir y 3) los funcionarios públicos expliquen sus decisiones en referencia a una concepción de bien común que sea sostenida ampliamente. Beitz entiende que aunque un pueblo puede optar por autodeterminarse a través del establecimiento de instituciones democráticas –y que inclusive puede considerarse el modo más apropiado o justo-, no se trata de la única opción aceptable (Beitz, Ch. R., 2012).  Lo que sucede es que detrás de la idea de democracia se encuentra un concepto de ciudadanía que no es compartido por todas las culturas. La noción de libres e iguales es propia de una sociedad liberal, pero no de un régimen político comunitario como el islámico, por ejemplo (Seleme, H. O., 2012). De ello se sigue que imponer instituciones democráticas en tales regímenes implicaría no respetar su derecho autodeterminación.
Este aspecto va a ser determinante de su posición con respecto a la intervención a un estado por parte de la Comunidad Internacional, porque siempre se deberá evitar que en dicho accionar el derecho de autodeterminación sea vulnerado. Beitz sostiene que una intervención fundada en la democracia solo es admisible cuando dadas las condiciones políticas, económicas y sociales de tal pueblo, el establecimiento de instituciones democráticas es el único modo de garantizar su derecho de autodeterminación (Beitz, Ch. R., 2012).
Caso Argentino
Debido a que Argentina es un país democrático, podría pensarse que sostener la existencia de un derecho humano a la democracia contribuiría a fortalecer sus instituciones. Sin embargo, un acontecimiento reciente lo pone en duda. 
El pasado mes de mayo, en Argentina se discutieron seis proyectos de reformas legislativas que se conocieron como Leyes para la Democratización de la Justicia. Estos proyectos tenían como objetivo introducir modificaciones en algunos aspectos del Poder Judicial. Cuando el proyecto se encontraba aún en tratamiento parlamentario, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados efectuó algunas críticas y recomendaciones debido a que entendía que de aprobarse las reformas, la separación de poderes del estado argentino podía verse afectada. Uno de los aspectos centrales de las críticas tuvo que ver con la nueva ley del Consejo de la Magistratura. 
Más allá de que las recomendaciones no sean obligatorias, pueden funcionar como una forma de coaccionar a los Estados si se considera el peso que poseen en la comunidad internacional. Por tal motivo, que una recomendación se  pronuncie acerca de un requisito o necesidad de poseer instituciones democráticas no es una cuestión menor.  Beitz sostiene que el actuar de los órganos de Naciones Unidas es una forma de implementar o ejecutar  los derechos humanos en los estados. El autor es consciente de que tal mecanismo puede resultar ineficiente con respecto a lograr que efectivamente los estados modifiquen ciertas conductas, pero considera que de ello no puede seguirse la negación de su carácter de coactivo. 
En esta ocasión, la relatora no solo afirma la importancia de sostener instituciones democráticas, sino que se extiende aún más para decir que, por ejemplo, la independencia del poder judicial es uno de sus elementos. La relatora argumentó que posibilitar la presentación de propuestas de consejeros por parte de los partidos políticos, pondría en riesgo la independencia de los miembros del Consejo de la Magistratura. Asimismo, sostuvo que la ley propuesta “comprometía seriamente los principios de separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial, considerados elementos fundamentales de toda democracia y de todo Estado de Derecho”(“Naciones Unidas Derechos Humanos. Argentina / Reforma judicial: experta de la ONU pide garantías y respeto a la independencia del Poder Judicial,” 2013)
Suena al menos paradójico afirmar que a través de un procedimiento democrático, que busca democratizar uno de los poderes del estado, se está atentando contra la democracia. En vez de pensar que el parlamento argentino, de buena o mala fe, se estaba equivocando ¿No podría pensarse en que quizás el modo de entender la democracia por parte de Naciones Unidas sea distinto al modo en que el pueblo argentino la entiende? De ser así, la recomendación efectuada por la relatora de la Naciones Unidas implicaría imponer al Parlamento argentino una forma de entender la democracia y, como consiguiente, un no respeto al derecho del pueblo argentino a regular sus instituciones del modo que considere más apropiado.
Conclusión
Tanto desde un plano convencional como desde uno moral, afirmar la existencia de un derecho humano a la democracia es controvertido. Por un lado, y considerando el plano convencional, la controversia surge debido a que la Carta Internacional de Derechos Humanos se confeccionó con miras a establecer un instrumento de carácter universal que contase con la incorporación de todos los estados, inclusive los que no contasen con un régimen democrático. Por tal motivo, su contenido consistió en una serie de derechos y obligaciones aceptados por las culturas más diversas, y se evitó realizar pronunciamiento alguno con respecto a un derecho a poseer instituciones democráticas. Si se acepta que la democracia no debe ser considerada un derecho humano, una intervención por parte de la comunidad internacional en su nombre, aplicando la teoría de la responsabilidad de proteger, tampoco encontraría cabida.
Por otro lado, sostener la existencia de un derecho humano a poseer instituciones democráticas desde un plano moral, implica imponer una concepción de persona humana y de justicia, que resulta incompatible con el respeto del derecho de autodeterminación de culturas diferentes a las liberales. La existencia de un derecho de autodeterminación de los pueblos se presenta como incompatible con la exigencia de que los estados posean un determinado régimen político. Tal derecho puede satisfacerse en una diversidad de regímenes y la posibilidad de elegir en cuál, también posee valor y merece ser respetada.
Es posible que dentro de un modelo de liberalismo político que sostenga la existencia de un derecho de autodeterminación de los pueblos, las intervenciones humanitarias destinadas a proteger los derechos humanos se encuentren moralmente justificadas. Más aún, es posible sostener que siempre que las intervenciones se circunscriban a proteger los derechos humanos, lejos de vulnerarse el derecho de autodeterminación de los pueblos, se vería fortalecido. Sin embargo, para que así sea, no cualquier exigencia de justicia de un modelo liberal  debería ser considerada un derecho humano. Ello se debe a que aparte de la noción de libres e iguales, existen otros modos de concebir a la persona humana que se presentan como razonables y merecen igual respeto. 
La democracia puede ser escogida por un pueblo como un procedimiento de toma de decisiones colectivas a través del cual se autodetermine. Sin embargo, existen diferentes formas de entender la democracia. Tratar de imponer una de ellas también sería una forma de vulnerar el derecho de autodeterminación de los pueblos, como lo muestra el caso de la recomendación de Naciones Unidas a la reforma propuesta por el parlamento argentino. 
Bibliografía.
Beitz, Ch. R., 2012. La idea de Derechos Humanos. Marcial Pons, Madrid.
Enseñanzas extraídas de Rwanda. Las Naciones Unidas y la prevención del genocidio. Responsabilidad de proteger., 2013.
Naciones Unidas Derechos Humanos. Argentina / Reforma judicial: experta de la ONU pide garantías y respeto a la independencia del Poder Judicial, 2013.
Organización de las Naciones Unidas, n.d. Carta de las Naciones Unidas.
Seleme, H. O., 2012. Democracia Internacional, Derecho Humano a la Democracia e Intervención Humanitaria, in: Cuadernos de Filosofía Del Derecho. Doxa.