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La violencia hacia las mujeres es uno de los mayores flagelos sociales que vulneran y 
violan los DDHH. Mucho tiempo y muchas vidas de las mujeres costó la 
concientización pública  y el pasaje de problemática hacia políticas públicas asumidas 
y reconocidas por el Estado que den garantía de derechos a las mujeres víctimas de 
violencias. Con su déficit y sus lagunas, las intervenciones en materia de prevención y 
atención son llevadas adelante por los poderes públicos. El mayor déficit, se observa 
en la acción de registración y análisis desde  espacios de observatorios de violencias 
hacia las mujeres, como laboratorios que impulsen al Estado a reflexionar sobre sus 
propias prácticas. Este tipo de observatorio  es un tema pendiente, sin una existencia 
gravitante en las políticas públicas de género. Nos referenciaremos al caso de Rosario 
que es nuestro escenario de actuación e incidencia. Desde una dinámica local el 
Grupo Observatorio Rosario, inició sus actividades con el propósito de formalizar 
estrategias para impulsar la Ordenanza Nº 8982. Dicha normativa, tiene como objetivo 
registrar los diferentes tipos de violencias hacia las mujeres teniendo en cuenta su 
orientación  y diversidad de género.