El marco normativo en materia de violencia contra la mujer propugna su protección integral. En ese camino, el mantenimiento de prácticas judiciales sin perspectiva de género provenientes de los Juzgados con competencia en la materia, y el deficiente funcionamiento de los órganos administrativos creados  para dar cumplimiento a la finalidad de los Tratados de Derechos Humanos, importan una de las causas para el sostenimiento y perpetuación de la violencia en contra de la mujer, replicando la discriminación en una cultura androcéntrica y patriarcal dominante.

Vastas son las razones que avalan esta situación. Por un lado, con respecto al órgano judicial, en especial la judicatura, encuentran fundamento en cuestiones culturales arraigadas que conforman estereotipos de género y/ó posturas ideológicas que traslucen la tensión entre el paradigma de la igualdad y la vigencia de valores discriminatorios.

Por el otro, las del órgano administrativo obedecen a la falta de asignación presupuestaria en políticas públicas, fundamentada en determinada ideología subyacente y criterio político de oportunidad.

Desde nuestra práctica como abogadas pertenecientes al Ministerio Público de la Defensa Civil, a diario nos encontramos abocadas a la defensa de los derechos humanos de mujeres en situación de vulnerabilidad víctimas de violencia de género, la mayoría de ellas, con pobreza socio estructural. Nuestro trabajo conecta tanto con la esfera judicial como con la administrativa específica del área. Esto nos ha llevado a recoger distintas experiencias en los dos ámbitos.

La reconstrucción de experiencias prácticas desde la intervención del Ministerio Público de la Defensa permite vivenciar los obstáculos aludidos; y el dificultoso camino para acceder definitivamente a una vida libre de violencia.