La obstaculización del acceso a la salud para las mujeres y la consiguiente judicialización de sus situaciones constituyen múltiples formas de violencia que tanto los operadores de justicia como operadores de salud legitiman de diferentes formas, valiéndose de herramientas legales tales como la objeción de conciencia o la facultad de denunciar situaciones valiéndose de su condición de funcionarios/as públicos/as.

Esas violencias obstaculizan constantemente el ejercicio pleno de nuestros derechos y dan cuenta de una serie de prácticas sociales que han definido las reglas del saber en cada momento histórico asignando los roles en la sociedad, a través de la legitimación aquiescente del derecho: hombre/trabajador/propietario/esposo; mujer/ama de casa/esposa; designando y diferenciado claramente los espacios de actuación para cada rol, en el espacio de lo público el ser masculino y en el espacio de lo privado, el ser femenino.

Estas situaciones plantean la necesidad de revisar la eficacia de los instrumentos jurídicos que consagran derechos. Y precisamente, el debate feminista es fundamental para la construcción de una perspectiva jurídica que permita un análisis crítico de las instituciones del derecho, y realice aportes tendientes a la deconstrucción y reconstrucción de esas instituciones que legitiman la violencia.